La polémica desatada por las becas de la Comunidad de Madrid para estudiantes de bachillerato prosigue con el inicio de curso, aunque esté basada en interpretaciones interesadas. No obstante, es una magnífica oportunidad para abrir el debate de cómo financiar la educación en España y valorar opciones para ambicionar sistemas eficaces, socialmente sostenibles y responsables, donde la transparencia y la libertad de las familias tengan un lugar destacado. Nos encontramos en un período preocupante de descenso demográfico y de crisis económica, donde debemos administrar muy eficazmente los escasos recursos.
Parte de las críticas a estas becas proceden de partidos de la izquierda o asociaciones de padres que piden más inversión en la escuela pública; es indiscutible que la pública cuente con la financiación adecuada para garantizar una educación de calidad. Más difícil de entender es la reacción de representantes de la escuela concertada, cuyas familias son las principales beneficiadas. No se quejaron en años anteriores, cuando eran receptores en exclusiva de estas ayudas, en etapas escolares tan privadas en sus centros como en privados puros.
La escuela concertada quiere que “todo sea subvencionado”, que los fondos vayan a los colegios, con garantía de permanencia, que los conciertos se amplíen a etapas no obligatorias y que se les incremente la financiación. Consideran que su modelo es más equitativo, aunque en sus aulas se estudia con independencia de si las familias tienen recursos altos o bajos. Añaden que el concierto garantiza la gratuidad de la educación, aunque es conocido el copago que exigen a las familias por cuotas de enseñanza que ascienden en Madrid a 1.500 euros anuales de media o en Cataluña a 2.000 euros.
Los conciertos realizan un papel fundamental en España. Lamentablemente, el modelo se ha desvirtuado y ha pasado de ser protagonizado por entidades religiosas y sin ánimo de lucro a la intrusión de empresas que buscan rentabilidad mediante subvenciones públicas, contraviniendo las leyes educativas. Es pertinente una clara rendición de cuentas, transparencia en su gestión y cumplimiento de la ley en cuanto a admisión del alumnado y gratuidad.
“Apostamos por avanzar hacia la financiación directa a las familias”
Los representantes de la educación privada consideramos que deben ser las familias las que elijan la educación que más convenga a sus hijos y que las ayudas vayan directamente a ellas. El reparto de las becas comienza, como no puede ser de otra manera, por las familias con rentas más bajas.
Defendemos la libre competencia y la libertad para que los estudiantes se cambien de centro si es lo mejor para su futuro. No ambicionamos subvenciones, apostamos por avanzar hacia la financiación directa a las familias vía becas, ayudas directas o desgravación fiscal; todos son modelos más transparentes. Las subvenciones y concesionarios adormecen las mejoras, fomentemos la competitividad sana, especialmente entre centros privados.
Otro debate es si las becas deben tener exigencias académicas, ¿tienen estos requisitos los estudiantes de colegios concertados o públicos? No es una preocupación para nuestros centros, pero sorprende que algunos quieran este requerimiento.
En otro orden de cosas, ¿y si les preguntamos a las familias? ¿Qué elegirán?
Por Elena Cid, directora general de CICAE
Publicado en ABC: https://www.abc.es/opinion/elena-cid-fernandez-financiar-educacion-20221003214818-nt.html
