La asociación de colegios privados e independientes CICAE ha recurrido las instrucciones autonómicas que regulan el cobro de actividades y servicios complementarios de los centros concertados al entender que hay «permisividad» y «pasividad» de la administración a la hora de controlar que sean voluntarios.
En un comunicado, CICAE solicita a la administración madrileña que, al igual que en otras comunidades, «regule» y «fiscalice» para que la enseñanza obligatoria en los colegios concertados sea realmente gratuita y no exista competencia «desleal» en el sector.
Según la asociación de colegios privados, las instrucciones de la Comunidad de Madrid van en detrimento del principio de gratuidad de la enseñanza obligatoria y la «permisividad» de la administración da lugar a discriminaciones en los centros hacia las familias que menores recursos tienen.
CICAE exige que los centros concertados -sostenidos con fondos públicos- sean efectivamente entidades sin ánimo de lucro y que se cumpla lo que marca la ley en cuanto al cobro de cuotas.
Según el presidente de la asociación, Gabriel Castellano, el modelo tradicional de colegios de iniciativa social gestionado mayoritariamente por congregaciones religiosas o entidades benéficas ha pasado al de negocios «en suelo público, con dinero público y de copago».
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