Desde CICAE creemos que es momento de abrir el debate sobre la financiación de la educación en España. Repensar y profundizar en los pros y contras de los modelos que actualmente existen para buscar un sistema más eficiente y justo para las familias, y que además requiere más dosis de transparencia.
CICAE defiende la coexistencia de las tres redes y la importancia de la labor educativa que realizan cada una de ellas. El sistema de conciertos no está actualizado a la realidad existente y se ha ido desvirtuando, siendo muy diferente del modelo benéfico social para el que fue creado. En algunas comunidades, el concierto ha atraído la entrada de actores con más vocación mercantil que social y educativa. Esto es debido a las muchas ventajas que les permite el actual modelo de conciertos, ya que garantizan la rentabilidad económica de su empresa. La estabilidad es total en cuanto a la adjudicación y renovación de la subvención, no se conocen retiradas de conciertos ni subvenciones, ni siquiera en casos de expedientes graves. Tampoco se les requiere una rendición de cuentas clara y generan altas rentabilidades a través de las dos vías de financiación: la subvención de todos los gastos (personal y de mantenimiento) y las cuotas que exigen a las familias por todos los servicios complementarios.
Bajo el mantra de la infrafinanciación se ha aceptado todo tipo de cobros y prácticas, cuando es evidente que muchos de estos centros consiguen grandes beneficios y llegan a cobrar casi las mismas cantidades que los privados independientes. Se habla de cifras muy distintas en cuanto a esa supuesta infrafinanciación, sin que haya un estudio claro. La realidad es que estos centros tienen cubierto el personal con el concierto, por lo que quedaría por valorar en qué medida los gastos del funcionamiento los hacen deficitarios si no cobraran cuotas.
Estudiar vías como la ayuda directa a las familias, bajo criterios de renta, permitiría optimizar recursos del Estado, priorizando en quienes más necesitan. Es una medida que aportaría mayor libertad a las familias para elegir el colegio que consideran adecuado para sus hijos, superando la barrera económica. Esa financiación estaría en manos de las familias, con una redistribución más justa de los recursos, y no en las de un titular de un centro, independientemente de las necesidades económicas del alumnado que atiende.
