Madrid, 28 de octubre de 2026 – CICAE y la FAPA Francisco Giner de los Ríos han presentado hoy el XI Estudio de Cuotas de los Colegios Concertados de la Comunidad de Madrid, elaborado por Garlic B2B para el curso 2026-2027. La investigación documenta cobros ilegales y prácticas contrarias a las garantías de gratuidad: conceptos de cobro no contemplados en la ley, aportaciones comunicadas como obligatorias y actividades complementarias estables dentro del horario escolar.
● Los centros mercantiles piden una media de 1.450 euros anuales por alumno, frente a los 680 euros de las entidades sin ánimo de lucro.
● El 96,7 % solicita una cuota o aportación educativa. Los importes van de cero a 2.450 euros anuales, con una media de 1.032 euros, sin comedor, transporte ni otros servicios.
● Entre los centros que solicitan estos pagos, el 71,2 % los presenta como obligatorios y el 15,1 % anticipa consecuencias de exclusión si la familia no paga.
● El 36,3 % solicita pagos por conceptos no admitidos por la ley. Este indicador no engloba todas las ilegalidades e irregularidades documentadas.
El estudio analiza 151 colegios, el 35,3 % de los 428 centros que componen la población objeto de investigación. Recoge la documentación y las explicaciones verbales que los propios colegios facilitan durante el proceso de solicitud de plaza, incluidas sus respuestas cuando las familias preguntan qué ocurriría si no pagan.
Pagos casi universales, pero comportamientos diferentes
Aunque el 96,7 % de los centros solicita una cuota o aportación educativa, no todos se comportan igual. Los colegios mercantiles piden, de media, 1.450 euros anuales por alumno, frente a los 680 euros de las entidades sin ánimo de lucro.
La media general es de 1.032 euros anuales y el máximo alcanza los 2.450 euros, sin comedor, transporte, extraescolares ni otros pagos adicionales. Cinco centros, el 3,3 % de la muestra, no solicitan cuota ni aportación educativa y defienden 1 expresamente la gratuidad: «La educación es gratis y no se puede cobrar por ello» o «somos un colegio, no un negocio», explican a las familias.
«Bajo un mismo sistema de financiación pública, hay colegios que no solicitan cuota ni aportación educativa y otros que piden hasta 2.450 euros al año, además de otros pagos. Estas diferencias exigen una explicación y nos llevan a cuestionar si los importes más elevados responden a necesidades educativas o a la búsqueda de rentabilidad», señala Elena Cid, directora general de CICAE.
El informe identifica cuatro perfiles entre los centros analizados:
● Grupo 1, el 28 % de la muestra: presenta los importes más elevados, con una media de 1.748,40 euros anuales. El 90,7 % tiene titularidad mercantil y el 79,1% se constituyó después de 2000. Se concentra en zonas de renta elevada.
● Grupo 2, el 38 %: combina entidades mercantiles y sin ánimo de lucro. Solicita una media de 865,40 euros anuales y registra la mayor presión para el cobro —8,65 sobre 11— y la menor transparencia —23,51 sobre 100—.
● Grupo 3, el 19 %: predominan las entidades sin ánimo de lucro de larga trayectoria. La media es de 746,50 euros anuales. La voluntariedad suele documentarse, pero se explica poco durante la conversación.
● Grupo 4, el 15 %: presenta los importes más bajos, con 432,80 euros anuales de media, mayor transparencia y menor presión. Predominan las entidades sin ánimo de lucro en entornos de menor renta. Incluye los cinco centros sin cuota ni aportación educativa.
La aportación «voluntaria» y las consecuencias de no pagar
Entre los 146 colegios que solicitan cuota o aportación, el 71,2 % presenta el pago como obligatorio; el 15,1 % admite no pagar, pero anticipa exclusión de actividades o contenidos; y solo el 13,7 % reconoce la voluntariedad sin consecuencias excluyentes. En conjunto, el 86,3 % no lo presenta como un pago libre de
consecuencias para el alumno.
Las advertencias de exclusión se concentran especialmente en el grupo 1: el 44,2 % de sus centros las anuncia durante la entrevista. El estudio recoge consecuencias comunicadas a las familias, no exclusiones efectivamente observadas.
Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, señala: «Es gravísimo que se responda que el alumno no completará la formación prevista o que habrá que recogerlo a las 12:30. En el Colegio Aquila, la respuesta fue: “La elección de este centro implica también su proyecto educativo. Si no, hay opciones públicas”. Estas explicaciones presentan el pago como una condición para participar plenamente y comprometen su voluntariedad».
Una hoja de precios tan difícil de descifrar como la factura de la luz.
Las familias encuentran conceptos con distintas denominaciones, pagos mensuales y anuales y escasas explicaciones sobre contenidos, horarios, obligatoriedad y consecuencias del impago. La confusión aumenta cuando la documentación habla de aportaciones voluntarias y la explicación verbal transmite obligatoriedad. Esto
dificulta prever un gasto que puede comprometer la economía familiar durante muchos años.
El 39 % de los centros no publica de forma completa los precios de actividades y servicios en su web. Además, en el 39 % de los que solicitan cuota o aportación, la voluntariedad no se menciona durante la entrevista ni aparece en la documentación. El grupo 2 presenta la menor transparencia y el grupo 4, la mayor.
«Las familias deben conocer las condiciones económicas antes de elegir colegio, con información completa, accesible y clara», señala Morillas.
Cobros ilegales e incumplimientos de las garantías de gratuidad.
El 36,3 % solicita pagos por conceptos no contemplados en la ley, como «cuota» o «proyecto educativo». Este porcentaje corresponde a ese indicador, no al conjunto de ilegalidades e irregularidades documentadas. El informe también recoge aportaciones obligatorias y cobros vinculados a contenidos que los centros presentan como necesarios para completar la formación, con consecuencias de
exclusión si no se pagan.
Asimismo, documenta actividades complementarias estables dentro del horario escolar, entre periodos lectivos, pese a la prohibición legal. El 15 % solicita pagos por actividades complementarias; entre ellos, el 59,1 % facilita su nombre y horario, principalmente entre las 12:00 o 12:30 y las 13:00 o 13:30.
«Muchas familias no pueden recoger a sus hijos entre periodos lectivos y no tienen una posibilidad real de elegir que no participen», advierte Elena Cid. Para Morillas, «la organización de la jornada no puede
convertirse en una forma de presión para pagar».
La Consejería debe garantizar la gratuidad y actuar ante los cobros ilegales.
CICAE considera que las diferencias entre titularidades apuntan a la mercantilización de un nuevo modelo de concertada. En un análisis propio, adicional al informe, sitúa en el 44 % la titularidad mercantil en Madrid y señala que la gran mayoría de los centros del grupo 1 ha recibido suelo público en concesión o son colegios privados que posteriormente accedieron a conciertos.
«Nos preocupa la orientación al ánimo de lucro de una enseñanza sostenida confondos públicos», afirma Cid.
La Consejería de Educación debe cumplir su obligación de garantizar la gratuidad, supervisar tanto los cobros como la información facilitada a las familias y actuar para que cesen los cobros ilegales y las prácticas contrarias a la voluntariedad y la no discriminación. CICAE reclama también adaptar la normativa y los mecanismos
de control a estas prácticas de financiación privada.
