La Asociación de Colegios Privados e Independientes – CICAE apela a la responsabilidad e independencia de los partidos políticos para afrontar con valentía el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), que mañana se debate en el Congreso de los Diputados. La asociación insta a elevar los criterios de transparencia, dejar de lado intereses partidistas, que se establezcan criterios únicos en todas las administraciones y legislar con fines únicamente educativos para asegurar el derecho de los niños a la educación gratuita en centros sostenidos con fondos públicos.

CICAE considera que la nueva ley tiene como reto impulsar la modernización del sistema educativo español, abordar la brecha digital existente en la educación y revisar profundamente el curriculum para ajustarlo a las competencias que necesitan las nuevas generaciones.

Asimismo, ha de facilitar mayor transparencia en la financiación de la escuela concertada, con el fin de que se garantice el derecho de las familias a elegir el colegio sostenido con fondos públicos que deseen para sus hijos en condiciones de gratuidad. Derecho que claramente se está vulnerando en muchos casos, como recoge el informe publicado el pasado miércoles sobre precios y tarifas de colegios concertados, que demuestra que el 89% de los 336 centros analizados cobra una cuota base obligatoria a las familias, en contra de la legislación vigente. Estas cuotas, en ocasiones muy elevadas, alcanzan una media mensual de 255€ en Cataluña y 110,81€ en la Comunidad de Madrid, y su impago provoca casos de discriminación y exclusión.

 

La educación necesita consenso y estabilidad

Elena Cid, directora general de la asociación, manifiesta que “estamos ante una oportunidad de dar pasos que permitan mejorar la educación en España y terminar con estas irregularidades que perjudican a las familias y que, al mismo tiempo, dificultan la coexistencia de las tres redes que forman el sistema educativo, pública, concertada y privada. La directiva considera que “se ha consolidado y normalizado un copago irregular por un servicio público y básico como es la educación. Desde el Gobierno y las comunidades autónomas se debe priorizar en proteger a las familias y también a los colegios concertados que hacen las cosas bien, en el marco de la legalidad. Necesitamos mayor transparencia y mecanismos de control para acabar con estas prácticas”.

CICAE lamenta que, una vez más, se haya ideologizado el debate educativo y no se haya profundizado en los verdaderos retos que tiene nuestro actual sistema educativo, como puedan ser la modernización y digitalización de los procesos de enseñanza, la carrera profesional docente y directiva, la autonomía de los centros, la atención a la diversidad y tantos temas que requieren de una reforma estable que garantice la seguridad jurídica de toda una generación.

La Asociación considera que una ley educativa debe alcanzarse con el mayor consenso de los partidos políticos y de la comunidad educativa, priorizando el derecho de cualquier ciudadano a la mejor formación y aportar la estabilidad que la educación necesita en España. “Necesitamos el compromiso de la sociedad con la educación para garantizar nuestro futuro como país. Mayor transparencia educativa es construir un sistema educativo más fuerte y digno. Cualquier ley educativa no debería nacer con la amenaza de su temporalidad, el peor adversario de la educación”, ha concluido Cid.