FAPA y CICAE registran en la Asamblea de Madrid un informe de irregularidades de cobros de la nueva concertada

La FAPA Giner de los Ríos y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) registran en la Asamblea de Madrid un informe que demuestra que la totalidad de los colegios concertados analizados cobran cuotas a las familias, siendo obligatorias en un 90% de los casos, en contra de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, que establece que ha de garantizarse la gratuidad de las enseñanzas obligatorias en centros sostenidos con fondos públicos.

El informe hecho público hoy está realizado por una consultora privada y especializada en mystery shopper, que por cuarto año consecutivo prueba las irregularidades en los cobros de la nueva concertada madrileña. A través de entrevistas en colegios concertados, simulando ser familias que tienen interés en matricular a sus hijos en el próximo curso escolar, han recabado datos que revelan la falta de voluntariedad de las cuotas en estos colegios, que de media mensual superan los 153 €.

El informe documenta que el 100% de estos centros concertados solicitan una cuota base mensual para escolarizar a alumnado. Las familias desembolsan anualmente más de 3.000€ por cada hijo que curse la enseñanza obligatoria en estos colegios, entre gastos de cuota fija, complementaria y comedor.

La investigación prueba que, en comparación con años anteriores, aumentan los casos de discriminación, en los que el impago de la cuota implica la exclusión del alumno. Estos casos los protagonizan el 44% de los centros que aparecen en el informe, los cuales manifiestan que, si no se paga la cuota, el alumno no podrá asistir a las actividades. La solución que ofrecen algunos de ellos es la posibilidad de que la familia se haga cargo del estudiante en las horas en las que se organizan actividades a las que se les prohíbe acceder, o bien ubicarlo en otra sala con o sin atención.

 

Infringen la voluntariedad de la gratuidad de la enseñanza

Los colegios concertados analizados ofrecen una estructura de precios que no permite a las familias decidir pagar o no aquellas cuotas que legalmente tengan carácter voluntario. En algunos casos, aglutinan diferentes conceptos de cobros dentro de un importe global y en otros imponen la contratación de servicios para poder acceder a otros recursos o actividades.

A su vez aumentan los colegios que no mencionan que la cuota tiene un carácter no lucrativo, el 64% no repara en ello en la información que ofrecen a las familias en las visitas. La ley indica que es una falta grave, motivo de retirada del concierto, que estos centros generen lucro con la percepción de estos cobros.

Los propios colegios aseguran que indican que las cuotas son voluntarias para cumplir con la ley, pero la realidad es que el impago supone apartar al niño de las actividades que se producen en horario escolar. Además, muchos de ellos omiten el contenido exacto de dichas actividades de pago o el horario en el que se imparten.

La mayoría de los centros educativos recogidos en el informe pertenecen a la denominada nueva concertada, colegios en régimen de concierto educativo, de reciente creación y que iniciaron su actividad gracias a que la Comunidad de Madrid les ha cedido terreno público en condiciones ventajosas.

 

Peticiones de la FAPA y CICAE a la administración madrileña

Camilo Jené, presidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, y Elena Cid, directora general de CICAE, han sido los representantes de ambas instituciones que han registrado el informe en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. De manera conjunta, manifiestan a la Administración las siguientes peticiones:

  • No más cesiones de suelo público para la construcción de colegios concertados, que nacen con un modelo de COPAGO y no gratuidad para las familias
  • Prohibición de realizar actividades complementarias que no sean gratuitas, para todos los alumnos dentro de la jornada escolar
  • Publicación en sus páginas webs de las actividades, con el detalle de contenidos, horarios, precios autorizados y garantías de voluntariedad
  • Supervisión prioritaria por parte de la inspección educativa de la garantía de gratuidad
  • Control de los costes y de la ausencia de lucro en estas actividades

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