Madrid – 22 de febrero de 2020. Desde la Asociación de Colegios Privados e Independientes – CICAE celebramos que la educación esté entre las prioridades del nuevo Gobierno de coalición, en referencia a la reforma educativa aprobada hoy en el Consejo de Ministros. Valoramos que se impulse la mejora de la función docente y la revisión del currículo, aunque echamos en falta el equilibrio entre las tres redes educativas existentes: pública, concertada y privada. Defendemos que cualquier actualización de la Ley no será efectiva sin abordar un asunto tan relevante como es el control exhaustivo de los fondos públicos destinados a los conciertos educativos.
Se necesita una seria actualización del sistema educativo. Estamos ante una oportunidad histórica para conseguir un marco legislativo moderno, que perdure en el tiempo y aporte estabilidad de al menos una generación. La educación es uno de los motores de un país, por lo que el objetivo ha de ser un sistema educativo excelente, abierto a la innovación, transparente y competitivo, pero también en el que quepamos todos.
Valoramos muy positivamente que se pongan todos los esfuerzos en algunos de los pilares de la educación, como es la mejora de la función docente y la obligada, urgente y profunda revisión del currículo. La exigencia de adaptarse a los nuevos tiempos requiere que los sistemas educativos sean más flexibles y permitan a los colegios desarrollar nuevos contenidos y metodologías que se adapten al crecimiento de cada alumno.
Echamos en falta el reconocimiento expreso de la existencia de la escuela privada independiente, como una de las tres redes actuales y necesarias para el buen funcionamiento del sistema educativo, junto a la pública y concertada. Asimismo, consideramos que es el momento para que el modelo de enseñanza concertada recupere su espíritu fundacional, en el que se garantice la gratuidad de la educación en centros sostenidos con fondos públicos y evitar que sea un atractivo para sectores empresariales.
Pedimos que esta nueva Ley educativa incluya mecanismos exhaustivos de control de los fondos públicos destinados a los centros concertados. Esta vigilancia resulta imprescindible no solo para garantizar el buen hacer del Estado, sino para evitar una potencial segregación social “de facto” dentro del propio centro escolar, ya que, en muchas ocasiones, se incurre en un claro incumplimiento de la exigencia de gratuidad en los colegios concertados, que han de ser entidades benéfico-docentes.
