La Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos (FAPA) y la Asociación de Colegios Privados e Independientes – CICAE han presentado una ampliación del VII Estudio de Cuotas y Precios de Colegios Concertados, referente a datos de la Comunidad de Madrid para el curso 2022-2023. El estudio concluye que el 100 % de los colegios cobra una cuota base mensual fija a las familias en las etapas obligatorias y que su pago es obligatorio en el 82 %, en contra de la gratuidad de la educación en centros sostenidos con fondos públicos, que ampara la Ley Orgánica del Derecho a la Educación.
La investigación se ha realizado a través de la metodología mystery shopper, simulando ser familias que solicitan información para la matriculación de sus hijos en 115 colegios madrileños. Amparo Núñez, directora de proyectos de la consultora encargada del trabajo, Garlic B2B, ha afirmado que “se detecta deficiencia de transparencia en la comunicación que se ofrece a los padres, el 30 % no facilita hoja de precios y parte de los centros no entregan documentación con esta información a pesar de solicitarlo en numerosas ocasiones”.
La tendencia en la Comunidad de Madrid es que los colegios concertados incrementen el precio de la cuota cada año, siendo la media mensual de 119,5 euros y de más de 150 € en el 53 % de los centros. Las familias han de realizar un desembolso medio superior a los 3.000 euros por curso, teniendo en cuenta el resto de los servicios del colegio.
Por primera vez, se han analizado los resultados según la titularidad del centro concertado. Los que pertenecen a sociedades mercantiles (anónimas y limitadas) cobran de promedio una cuota mensual de más del doble que la de las congregaciones e instituciones religiosas. Para Elena Cid, directora general de CICAE, este dato demuestra que “la nueva concertada que ha proliferado en los últimos años, la que no depende de entidades benéfico-docentes y sin ánimo de lucro, es la que más cobra y la que más presión al cobro ejerce a las familias. Hemos normalizado que los padres tengan que abonar cuotas para el lucro de entidades mercantiles por un servicio básico y subvencionado como es la educación en colegios sostenidos con fondos públicos”.
La presidenta de FAPA, María Carmen Morillas, ha destacado la indefensión en la que se encuentran las familias. Por ello, han puesto en marcha un canal abierto a las familias para que “puedan compartir su caso con la Federación, de forma confidencial si lo desean, con el fin de asesorarlos e informar a las Administraciones Públicas de estos casos. Nos encontramos con familias que llegan a sufrir la exclusión de sus hijos e hijas cuando se niegan a pagar las cuotas”.
La directiva de CICAE ha explicado que la Administración madrileña es conocedora de esta situación, pues “es la propia Consejería de Educación quien autoriza las cuotas, a través de un proceso que da carácter legal al copago de la educación en estos colegios, desprotegiendo así a las familias”. Ha criticado el calendario de este proceso, la escasa documentación que entregan los centros y “que se les permita cobrar cuotas elevadas, con evidente lucro, por actividades curriculares dentro del horario escolar, dejando patente que la libertad de elección de un colegio concertado está supeditada a la capacidad económica de las familias”.
María Carmen Morillas se ha pronunciado sobre las cesiones de suelo público de la Comunidad de Madrid para la construcción de colegios concertados, cuyas convocatorias se hicieron públicas el 10 de noviembre. Ha manifestado que “la Comunidad Educativa ha solicitado a lo largo del tiempo la construcción de centros educativos públicos en esas zonas sin tener ningún tipo de reacción por parte de la Administración regional. En Valdebebas no hay ningún centro público de secundaria y el alumnado tiene que escolarizar fuera de su barrio. Sorprendentemente, años después, la respuesta de la Consejería ha sido anunciar la cesión de parcelas en Valdebebas y Villa de Vallecas para la construcción de centros privados concertados a coste cero”. Para la presidenta, “se ha pervertido la finalidad del concierto educativo, llegando al punto de denominar un centro que aún no existe como ya concertado. Resulta incomprensible que en zonas de nueva expansión residencial la única opción educativa sea la educación privada concertada, quebrando la abanderada libertad de elección educativa, que es para quien la puede pagar porque, en la mayoría de los casos y, como se constata en el informe, la enseñanza concertada es de pago”.
