A juicio de esta Asociación estas instrucciones no garantizan el principio de gratuidad establecido por la ley para las enseñanzas obligatorias.
Madrid, 7 de mayo de 2015, La asociación de colegios privados, CICAE, presentó en septiembre del 2014 un recurso de alzada que formaliza ahora, con su admisión a trámite por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con una demanda contra las instrucciones que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid dicta a los colegios concertados para el cobro de actividades complementarias y cuotas de servicios escolares.
Esta asociación de colegios privados e independientes solicita a los tribunales de justicia que la administración establezca los mecanismos de control y supervisión necesarios, como marca la ley, de las cuotas que los colegios concertados cobran a las familias.
La vigencia real de los principios de GRATUIDAD de la enseñanza obligatoria concertada, principios de VOLUNTARIEDAD y carácter NO LUCRATIVO en el cobro de las cuotas a las familias proclamados por la LODE (Ley Orgánica de Derecho a la Educación) dependen, en la práctica, de que se cumpla el sistema de control establecido por ley.
“Si los controles desaparecen o se reducen, la enseñanza concertada, supuestamente gratuita, corre el peligro de convertirse en un negocio subvencionado con fondos públicos, ya que con enorme facilidad las cuotas cobradas por actividades complementarias, que en algunos casos son abusivas, terminarán utilizándose para financiar a sus promotores”, sostiene Elena Cid – Gerente de CICAE. Y añade; “Esta permisividad supone el establecimiento de una competencia absolutamente desleal con los centros realmente privados y pone en claro riesgo su viabilidad”.
Sea como fuere, el fin de esta denuncia, formalizada a través del prestigioso bufete internacional de abogados DLA PIPER, es que se cumpla la ley estrictamente. “La administración tiene la obligación de garantizar que las familias reciban información sobre las cuotas que puedan solicitar estos colegios, información sobre el carácter voluntario de su eventual participación en actividades escolares complementarias y asegurarse de que el no pagar las mismas no pueda suponer ninguna discriminación del alumnado o de sus familias”, señala Enrique Maestu, vicepresidente de CICAE. “Deben conocer su derecho a tener una enseñanza totalmente gratuita en las enseñanzas obligatorias en los colegios subvencionados”, añade Maestu.
No es CICAE la primera institución que denuncia esta práctica de cobros indebidos. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentó ya en 2012 un estudio que muestra que el 91% de las escuelas concertadas “obliga” al pago de cuotas, y que la mayoría de estos colegios no informa del su carácter opcional.
CICAE lleva varios años denunciando la creación de un nuevo modelo de gestión privada de la enseñanza pública, establecido en la Comunidad de Madrid, que dista mucho de ser transparente. “Es evidente que este modelo debe ser revisado y sujeto a un control público real, a no ser que se pretenda instaurar el copago en la educación sostenida con fondos públicos, impedir a las familias con menos recursos económicos poder acceder a ella y eliminar la iniciativa completamente privada”, apostilla Gabriel Castellano, presidente de esta asociación.
