Enrique Maestu, presidente de CICAE, ha comparecido el 16 de noviembre en la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia de la Asamblea de Madrid, donde ha reclamado que la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa en la Comunidad de Madrid sirva, como así proclama, para la garantía real de la gratuidad en etapas obligatorias en centros sostenidos con fondos públicos, ponga fin a la competencia desleal que la nueva concertada supone para la escuela pública, la concertada tradicional y la privada independiente, y aumente la autonomía de los colegios con el fin de que puedan adaptarse a “revolución educativa que estamos viviendo”.
El presidente ha reivindicado el espacio del sector de enseñanza privada independiente que junto a la red pública y concertada “ha convivido en un ecosistema equilibrado de las tres redes educativas, pero la llegada de la nueva concertada ha roto ese equilibrio”. Ha explicado que el surgimiento del modelo concertado en 1985 se dirigía a que “entidades sin ánimo de lucro con finalidad social complementaran las necesidades educativas de la sociedad”, pero actualmente parte de estos colegios se financian con dinero público y por el copago de las cuotas obligatorias que exigen a las familias.
Maestu ha valorado que el proyecto de ley remarque que la enseñanza privada sostenida con fondos públicos sea gratuita, aunque lamenta que esta cuestión “ya aparecía en otros contextos legislativos y no es cierta en la práctica debido a las aportaciones por actividades complementarias de obligado uso”. El directivo ha demandado que “exista un plan de la Inspección Educativa que realmente tenga voluntad de controlar el cumplimiento de lo que en la ley se dice”.
Necesidad de transparencia en la financiación y en la información a las familias
Ha criticado que se quiera seguir fomentando el modelo de la cesión de suelo público para colegios concertados y la falta de transparencia en la financiación de estos nuevos centros. “Quién va a pagar la construcción de estos edificios, quienes accedan a esos conciertos no serán entidades filantrópicas que sufraguen estos costes; al final serán las familias quienes se hagan cargo en contra de la legalidad vigente”, ha cuestionado el presidente.
Sobre la extensión de la gratuidad en la enseñanza en etapas no obligatorias, que ha entrado en debate en las últimas semanas, Maestu discrepa de que se pueda lograr cuando todavía la administración está permitiendo que la escolaridad en etapas obligatorias en colegios concertados tenga coste y aboga por dirigirse a un sistema que facilite becas y ayudas al estudio.
Enrique Maestu ha recordado que CICAE lleva años informando y aportando evidencias a las Administraciones Públicas sobre las irregulares de parte de la concertada que exige cuotas obligatorias, en la que se plasma una falta de transparencia en todo el proceso, desde la financiación hasta la opacidad en la información que aportan estos centros a las familias. En ese sentido, ha insistido en la necesidad de “transparencia en el manejo de los fondos públicos y en cómo se autorizan los pagos”.
CICAE ha manifestado a los diferentes grupos parlamentarios la importancia de que está ley profundice en la mejora de la calidad educativa, con especial atención en la renovación pedagógica dirigida a un modelo más competencial, la innovación y la digitalización, la carrera profesional docente y la formación continua del profesorado, el aumento de la autonomía a los colegios para que puedan adaptarse a las transformaciones educativas y la colaboración entre las tres redes educativas existentes.
