La Confederación Española de Asociaciones de padres y madres del alumnado (CEAPA) y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) han presentado hoy el Estudio de Precios de Colegios Concertados, que analiza las cuotas que 338 de estos centros solicitan a las familias y la información que les facilitan. El 87 % de los colegios analizados cobra una cuota base, siendo obligatoria en el 77 % de los casos, en contra Ley Orgánica del Derecho a la Educación que establece la gratuidad de la educación obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos.
Garlic B2B, consultora especializada en estudios de mercado, ha llevado a cabo esta investigación por sexto año consecutivo, a través de la metodología mystery shopper, con simulaciones de familias que piden información para matricular a sus hijos en el curso escolar 2021-2022. Amparo Nuñez, directora de Proyectos de la consultora, ha expresado que existe “una deficiencia estructural de transparencia en la comunicación a las familias”, por la gran dificultad para obtener documentación que indique con claridad los pagos que se exigen, los conceptos por los que se cobran o el horario de las actividades complementarias. A pesar de solicitarlo en varias ocasiones, un 45 % de estos colegios ni siquiera entrega hoja de precios o algún documento que especifique las cuantías de las cuotas complementarias.
En cuanto a las cuotas que se exigen a las familias, existen diferencias entre las comunidades autónomas que forman parte del estudio. La media de los precios base mensuales más elevados se cobra en Cataluña (202 €), en la Comunidad de Madrid (133 €) y en el País Vasco (84 €). En Andalucía, la Comunidad Valenciana, Galicia y Aragón las tarifas están por debajo de los 80 € de media. En los colegios que facilitan hojas de precios se detecta un incremento medio en las etapas superiores a la Educación Infantil.
A este coste, las familias tienen que sumar el desembolso de otro tipo de servicios y actividades, que también se recogen en el informe, llegando a superar en parte de los casos los 3.000 € anuales de inversión total. En algunos colegios el precio de la cuota viene condicionado por los servicios contratados; si una familia no quiere pagar la cuota complementaria, los costes de otros servicios se incrementan.
Además, en el 77 % de los centros que cobran cuota no existe voluntariedad, pues de ese porcentaje un 62 % la exige obligatoriamente y se detectan discriminación de los alumnos en el 15 % de los casos, cuando el impago implica que el estudiante no asista a las actividades. Este tipo de prácticas de exclusión son más elevadas en la Comunidad de Madrid (33 %) y en la Comunidad Valenciana (28 %). En estos casos, las familias tendrían que hacerse cargo del niño en las horas en las que se organizan las actividades o quedan en otros espacios del colegio con o sin supervisión.
Prácticas irregulares y desprotección a las familias
La presidenta de CEAPA, Leticia Cardenal, ha lamentado que, un año más, los datos que desvela este informe sean tan llamativos y que las administraciones miren para otro lado mientras se hacen grandes negocios en torno al derecho a la educación del alumnado”. Cardenal ha criticado que se siga permitiendo exigir a las familias pagar cuotas usando subterfugios como ubicar las actividades complementarias en medio de la mañana, para que no les quede otra opción que pagar. “Facilitan la conciliación, pero siempre previo pago de una cuota”, advierte la presidenta.
CEAPA ha reprochado también la falta de transparencia que muchos de los centros concertados analizados han mostrado durante la elaboración del estudio, “los responsables del estudio se han encontrado con mucha opacidad por parte de los colegios, muchos de ellos no son claros con las familias respecto a la voluntariedad o no de pagar esas cuotas”, ha señalado la presidenta.
Elena Cid, directora general de CICAE, ha defendido que “con la excusa de la infrafinanciación se esconde una gran variedad de prácticas irregulares en los colegios sostenidos con fondos públicos. Existen muchas concertadas dentro de la concertada, hay una parte que incumple lo acordado en el concierto educativo y recibe una doble financiación pública y privada cobrando cuotas elevadas, mientras que hay otros centros que no las exigen o son muy reducidas”. Ha explicado que “una actividad complementaria de carácter permanente, que se imparte diariamente con contenido curricular, hace que sea incompatible con la voluntariedad de su participación, pues es discriminatoria para el alumno que no la cursa y que se encontraría en desventaja académica con sus compañeros”.
La directiva ha hecho hincapié en que “no se entiende que la administración no proteja a las familias, a las que se les ponen tantas trabas para conocer el coste de la educación de su hijo en los 13 años que dura su escolaridad y las consecuencias de no pagar un servicio público, que de por sí debe de ser gratuito”. Desde CICAE afirman que tras los últimos años denunciando la situación, “estamos expectantes por comprobar si la LOMLOE significará el primer paso para que las actividades complementarias de carácter permanente no estén dentro del horario escolar y que así se garantice la voluntariedad de su asistencia”.
