CICAE, Asociación de Colegios Privados e Independientes, mantuvo en el día de ayer una reunión de trabajo con el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, y con distintos representantes del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, entre ellos el jefe de gabinete de la ministra, con el objetivo de conocer de primera mano cómo prevé el Gobierno abordar la anunciada reducción de ratios en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años).
La reunión respondía a la necesidad de conocer la propuesta directamente de sus responsables, ya que, hasta la fecha, no se ha hecho público ningún borrador normativo o iniciativa legislativa que concrete el contenido de la medida, su calendario de aplicación o su alcance. Durante el encuentro, CICAE solicitó información sobre el instrumento normativo previsto para su tramitación, los plazos de implantación y los estudios de impacto económico y social que sustentan la propuesta, con el fin de poder valorar sus efectos reales sobre el sistema educativo.
CICAE trasladó la profunda preocupación del sector por las consecuencias que esta iniciativa podría tener sobre el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años), donde una reducción de ratios que no vaya acompañada de una financiación suficiente comprometería seriamente la viabilidad de numerosos centros. CICAE explicó al Ministerio que la medida, tal y como ha sido anunciada, podría comprometer la continuidad de buena parte de las más de 3.200 escuelas infantiles privadas existentes en España, además de las unidades de Educación Infantil integradas en colegios privados, con la consiguiente destrucción de empleo y una importante reducción de la oferta educativa para las familias.
La asociación advirtió de que el impacto recaería especialmente sobre pequeñas y medianas empresas educativas que prestan un servicio esencial para la conciliación familiar y el desarrollo de la primera infancia.
Asimismo, CICAE recordó que España lleva años impulsando la escolarización de 0 a 3 años como una política estratégica para favorecer la conciliación, la igualdad de oportunidades y el acceso temprano a la educación. En este contexto, considera que cualquier modificación de las ratios debe ir acompañada de un análisis riguroso de sus consecuencias y de un plan de financiación que garantice la sostenibilidad de los centros.
La asociación manifestó que el incremento de costes derivado de una eventual reducción de ratios no puede recaer exclusivamente sobre las familias. Si la Administración considera necesaria esta medida, debería articular mecanismos de financiación o ayudas directas que permitan mantener el acceso a esta etapa educativa sin comprometer la viabilidad de los centros.
CICAE expresó su preocupación por la incertidumbre que este anuncio está generando entre los titulares de los centros, los profesionales de la Educación Infantil y las familias, que desconocen cuál será el alcance real de la medida y cómo afectará a la continuidad de la oferta educativa.
La asociación advirtió de que cualquier reducción significativa de la oferta de plazas derivada de la inviabilidad económica de los centros podría provocar una regresión en el proceso de escolarización del primer ciclo de Educación Infantil. Tras años de esfuerzo para consolidar un modelo educativo profesionalizado y ampliar el acceso de las familias a esta etapa, una disminución de la oferta podría empujar a algunas de ellas hacia fórmulas de cuidado no escolarizadas por motivos económicos o por falta de plazas, lo que supondría un retroceso respecto a los avances alcanzados por España en la educación de 0 a 3 años.
La reunión se desarrolló en un clima de diálogo y escucha por ambas partes. CICAE trasladó al Ministerio la necesidad de que cualquier reforma de este alcance vaya acompañada de un estudio riguroso de impacto económico, laboral y social, así como de un plan de financiación que garantice la sostenibilidad de los centros, preserve el empleo y asegure que ninguna familia vea limitado su acceso a la Educación Infantil por motivos económicos.
La asociación ofreció su colaboración al Ministerio para aportar datos, conocimiento y la experiencia de los centros educativos, con el objetivo de que cualquier decisión que se adopte sea fruto del diálogo con el sector y permita compatibilizar la mejora de la calidad educativa con la sostenibilidad de los proyectos educativos, la estabilidad del empleo y el derecho de las familias a elegir la educación que desean para sus hijos.
