CICAE solicita que el Gobierno de la Comunidad de Madrid preserve y reconozca en la Ley Maestra la labor de las tres redes del sistema educativo español (pública, concertada y privada), con una normativa que abogue por la transparencia en la financiación y la protección de las familias ante los obstáculos económicos que encuentran en los centros concertados.

La asociación entiende que blindar a la educación concertada y garantizar la igualdad de oportunidades ha de ser sinónimo de acabar con el copago existente por un servicio público, que implica una barrera insalvable para las familias que no pueden acceder a estos colegios por motivos económicos. La directora general de CICAE, Elena Cid, incide en que “casi la totalidad de los colegios concertados cobran cuotas obligatorias a las familias. La igualdad de oportunidades y la libertad de elección supone garantizar el derecho a la gratuidad de la educación en centros sostenidos con fondos públicos, de lo contrario ninguna de esas dos premisas será real”.

CICAE solicita mayor exigencia de transparencia y control en el proceso de autorización de las cuotas y en la gestión de los fondos públicos destinados a estos centros. Además de ser discriminatorias para las familias, estas prácticas generan una competencia desleal para la red pública, la concertada tradicional y la privada.

Como así se ha manifestado públicamente y se ha hecho saber en diferentes ocasiones a la Consejería, CICAE no comparte el sistema de cesión de suelo público para centros concertados. Se trata de un modelo que nace desvirtuado, porque atrae a empresas que encuentran en el concierto un sistema para hacer negocio, alejado del carácter social y vocación de servicio educativo por el que fueron creados. La asociación manifiesta que, cuando sea indispensable esta cesión, es imprescindible que se exija que la titularidad sea una entidad sin ánimo de lucro, con propósito educativo específico y la administración realice un importante ejercicio de transparencia en su financiación.

CICAE espera que en el debate de esta nueva normativa se tenga en cuenta la voz de la enseñanza privada independiente, que forma al 16 % del alumnado madrileño y supone un alto ahorro al erario. La asociación confía en tener ocasión de debatir y ofrecer su experiencia ante la necesaria modernización de la educación madrileña, poniendo el foco en la digitalización, la autonomía de los colegios o la carrera docente.