Rueda de prensa – Presentación del informe

La Confederación Española de Asociaciones de padres y madres del alumnado (CEAPA) y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) han presentado esta mañana un nuevo informe, elaborado por la consultora Garlic, sobre la política de cobros y tarifas en base a la información que facilitan a las familias en 336 centros educativos concertados, muestra utilizada para el estudio. La investigación concluye que el 90% de estos colegios cobran cuotas mensuales y en un 89% de los casos son, además, obligatorias, en contra de lo establecido en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación que decreta que ha de garantizarse la gratuidad de la enseñanza en centros sostenidos con fondos públicos.

Este es el quinto año que Garlic elabora esta investigación a través de la metodología mystery shopper, que consiste en simulaciones de familias que quieren matricular a sus hijos en el próximo curso escolar. El estudio prueba con evidencias y datos objetivos las irregularidades en el cobro de cuotas en los colegios concertados analizados. La consultora concluye que existe falta de transparencia en la mayoría de estos centros, así como una gran dificultad de las familias para obtener información y los documentos que especifiquen con claridad la cuantía y los conceptos que deben afrontar o qué consecuencias supondría no pagar la cuota denominada como “voluntaria”. Solo el 45% de los 336 colegios analizados aporta algún tipo de documento que indique los precios de las cuotas complementarias y únicamente un 22 % específica en ellos las actividades, conceptos y horarios por los que cobra la cuota complementaria.

La investigación concluye que Cataluña y la Comunidad de Madrid son las comunidades con las cuotas base más elevadas, con una media de 255€ y 110,81€, respectivamente. Elena Cid, directora general de CICAE, ha manifestado que “este nuevo estudio refleja claramente que hay muchos tipos de colegios concertados, existen colegios concertados que no cobra cuota alguna, o que son muy reducidas, y realmente no ponen ningún obstáculo a las familias, y centros que, recibiendo la misma financiación, exigen a las familias cuotas que pueden llegar a los 950€; al final la libertad de elección de centro en estos casos es únicamente para aquellas familias que puedan costear un copago elevado e irregular”.

 

Voluntariedad de pago inexistente

Otro de los puntos controvertidos del informe es que en el 89% de estos colegios no existe voluntariedad en el pago de la cuota. Según la investigación realizada por Garlic, se repite una práctica en algunos de estos centros, pues un año más reconocen que a pesar de que la Administración les indica que han de plasmar en la documentación que se trata de una cuota voluntaria, comunican que las familias saben que es la cuota del colegio y todos la pagan.

Los colegios que cobran cuotas más altas tienen una estructura de precios que tiende a limitar las posibilidades de las familias de no pagar aquellas cuotas voluntarias. En algunos casos, el precio de la cuota está condicionado por los servicios que contratan, de tal forma que, si no se paga, los costes de otros servicios se incrementan hasta llegar a la misma cuantía de la cuota y, en otros casos, la cuota incluye un “pack” de actividades que, si se contratan por separado, su coste es muy superior a la cuota conjunta. El informe recoge los costes totales que llegan a desembolsar las familias en estos colegios, que con la cuota mensual y el resto de los servicios llegan a alcanzar en algunos casos más de 3.000 € anuales

El estudio ha detectado también casos claros de discriminación de los alumnos debido a que, en ocasiones, el impago de la cuota implica la exclusión del estudiante, pues si no se paga la cuota, no podría asistir a las actividades. A nivel nacional supone un 10% de la muestra, pero es una práctica muy habitual en el 28% de los colegios de la Comunidad de Madrid. La solución que ofrecen algunos de estos centros, si la familia no quiere o no puede pagar la cuota, es que deben asumir el cuidado de los escolares en las horas en las que se organizan actividades a las que se les prohíbe acceder o “abandonarlos” en otras salas con o sin atención del profesorado.

Sin embargo, el análisis concluye que el 100% de estos colegios oferta actividades complementarias estables dentro de la jornada escolar (9 – 17 h), desarrollándose en la mayor parte de los casos en horario de 12 a 15 horas, lo que consecuentemente dificulta que una familia pueda elegir que su hijo no acceda a estas actividades complementarias. Estos colegios cobran cuota por actividades con contenido curricular básico, como pueda ser comprensión lectora, cálculo matemático o proyecto educativo.

María Carmen Morillas, portavoz de CEAPA, ha comunicado que trasladarán el informe a los actores políticos correspondientes, desde el Ministerio de Educación, los diferentes partidos políticos, al defensor del menor, a las asociaciones de consumidores y a las Consejerías de Educación. “La investigación arroja datos muy graves y deja patente que no se está respetando el derecho a la Educación del niño en los centros sostenidos con fondos públicos analizados. La Administración debe arbitrar los mecanismos adecuados para evitar la desprotección de las familias ante estas irregularidades. Es necesario poner en marcha medidas como un protocolo para que puedan denunciar este tipo de abusos de forma anónima y sin comprometer la educación de los menores”.

Elena Cid ha incidido en que “la LOMLOE es una oportunidad para regular estas prácticas irregulares y actividades que se han consolidado en el horario escolar, hacer un ejercicio de transparencia y una gestión responsable de los fondos públicos”. La investigación revela que el 66% de los centros analizados no menciona el carácter no lucrativo de la cuota, aunque la ley recoge como una falta grave, motivo de retirada del concierto, que los colegios concertados generen lucro con la percepción de estos cobros.