Artículo del presidente de CICAE Enrique Maestu (VER publicado en El País el 23 de diciembre de 2019)

En estos días se ha avivado la polémica en torno al modelo de gestión de la enseñanza sostenida con fondos públicos, que desde 1985 quedó estructurado en dos redes: la pública, gestionada por las comunidades autónomas, donde está escolarizado en torno al 67% de la población y la concertada que supera el 25% de implantación, gestionada por entidades que debían ser benéfico-docentes y sin ánimo de lucro. Inicialmente, con el modelo de enseñanza concertada se trataba de extender la educación para todos de forma inmediata; posteriormente fue reivindicada como un paso adelante para garantizar la libertad de enseñanza. El permanente vaivén legislativo no ha realizado ninguna revisión ni actualización de un sistema que requiere de una importante regulación.

Es de justicia reconocer la excelente labor social que han realizado y realizan muchas de las entidades privadas titulares de los colegios concertados. No obstante, el problema ha surgido cuando en nombre de la libertad de enseñanza algunas administraciones territoriales han comenzado a promover un nuevo tipo de centros concertados que no se atienen al marco que en su día se definió. Un nuevo tipo de promotores de centros educativos que, jugando con los límites de la regulación de los conciertos, y contando con la negligencia en el control por parte de las autoridades, han ido consiguiendo por diferentes conceptos aportaciones económicas de las familias que son cada vez más cuantiosas, llegándoles a cobrar cantidades que van desde los 1.500 euros hasta más de los 8.000 anuales por alumno.

El deterioro del sistema de conciertos comienza a poner en primer plano la cuestión de si centros con evidente ánimo de lucro realmente responden al ejercicio de la libertad de elección de centro educativo, o si realmente se está promoviendo únicamente para quien se la pueda pagar.

El debate político se hace con las cartas marcadas porque nadie se atreve a decir lo que realmente piensa. Unos creen que la enseñanza pública es cara e ineficiente y no quieren seguir incrementando ese modelo; otros, en el fondo, creen en esa vieja idea jacobina de que el titular del derecho a la educación no son las familias sino el Estado y que solo el Estado debería hacerse cargo de esta importante labor.

Esta diferencia de criterio no se va a superar fácilmente, por lo tanto, lo más prudente sería recuperar el consenso original por el cual se establecía un marco que diferenciaba entre centros privados no sostenidos con fondos públicos, pero regulados por el Estado, y centros sostenidos por fondos públicos que podían ser gestionados por el Estado o por entidades privadas siempre que respondieran a los criterios de no tener ánimo de lucro y ser entidades benéfico-docentes.

Las instituciones educativas que en su día optamos por permanecer fuera del sistema de conciertos teníamos varias razones para asumir esta opción: en primer lugar, nuestras instituciones eran proyectos educativos singulares que difícilmente iban a poder mantenerse tal cual dentro del marco económico del concierto; por otro lado, no estábamos dispuestos a bordear la ley, pues quedaríamos cautivos de administraciones que abrieran la mano a los cobros irregulares a las familias si queríamos desarrollar un proyecto educativo más ambicioso. Entendimos que quienes aceptaban la financiación pública lo hacían hasta el final. Y para muchos fue así, hasta que se comenzó a promover la nueva enseñanza concertada que empezó a comportarse como una competencia desleal.

En este contexto se vuelve a plantear la necesidad de una profunda revisión del sistema de financiación del derecho a la educación, para los que quieren elegir libremente el centro en el que estudian sus hijos. Todos los alumnos, por igual, tienen derecho a la educación, cuando un alumno no hace uso de los servicios que presta el Estado éste se ahorra todos los costes, de manera que el padre que va a un centro privado financia con sus impuestos, un sistema público del que no disfruta. ¿No sería más lógico que todas las familias pudieran disfrutar de su parte alícuota de los presupuestos de educación y pudieran acudir a cualquier centro homologado por la Consejería de Educación y no solo en los “concesionarios oficiales”?

Las becas escolares, el cheque escolar o la desgravación fiscal por gastos educativos, son algunas de las opciones que el Gobierno debería estudiar para verdaderamente llevar a cabo la libre elección de centro de las familias. Pero mientras se estudian y se ponen en marcha, lo que sí que está claro es que necesitamos que el actual modelo de conciertos no se desvirtúe más y que la Administración haga cumplir la ley.