La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) y la Asociación de Colegios Privados e Independientes – CICAE han hecho público hoy los resultados del 8º Estudio de Cuotas y Precios de Colegios Concertados, en el que se prueba que el 87 % de los 330 colegios concertados investigados cobran una cuota base mensual en enseñanzas obligatorias, en contra de la Ley Orgánica de Derecho a la Educación, de lo establecido por la LOMLOE y de sus diferentes desarrollos autonómicos.
El informe constata la disparidad que existe entre los colegios concertados dependiendo de su ubicación, con cuantías promedio más elevadas en Cataluña (214,5 €), la Comunidad de Madrid (129,1 €) y el País Vasco (99,6 €), donde el 100 % de los centros analizados cobran cuotas. A la cuota base mensual se añaden otros gastos a los que las familias han de hacer frente (comedor, matrícula, cuota tecnológica, gabinetes psicopedagógicos, seguros, otros servicios…), que sumado puede llegar a suponer desde 2.000 € hasta 10.000 € anuales por alumno en la Comunidad de Madrid o Cataluña. Aún siendo el cobro de cuotas mayoritario, en contraposición se encuentra el promedio que alcanzan las cuotas en otras comunidades autónomas, como en Andalucía (53,1 €), Aragón (41,3 €), la Comunidad Valenciana (82,9 €), Galicia (47,6 €) y Murcia (52,9€).
La consultora Garlic B2B, encargada de este estudio, ha reconocido que una de las mayores dificultades que encuentra para realizar la investigación es la “insistencia que se requiere para que los colegios concertados informen y entreguen documentación precisa a las familias sobre lo que cobran y en concepto de qué”, comenta Amparo Núñez. Esta investigación se lleva a cabo a través de la metodología mystery shopper, los técnicos simulan ser padres o madres que solicitan información para la matriculación de sus hijos en 2º ciclo de Infantil para el curso escolar 2023-2024. A pesar de requerirlo en más de una ocasión, el 39 % de los colegios analizados no llegan a entregar documentación o escrito en el que se indique los precios que han de abonar.
En el informe se constata que en el 76 % de los colegios el cobro que se exige a las familias es obligatorio, contraviniendo la legislación vigente. También se han detectado un 16% de casos de exclusión en el supuesto de que una familia no pueda o quiera hacer frente a esa cuota, alcanzando el 36 % en la Comunidad de Madrid. Núñez ha explicado que los casos de exclusión surgen cuando un colegio “aparta o indica a la familia que no puede asistir” el alumno a determinadas actividades complementarias, excursiones o iniciativas que determine el colegio por no pagar esa cuota.
Los cambios normativos no han puesto fin al cobro de cuotas de la concertada
Leticia Cardenal, vicepresidenta de CEAPA, ha declarado que “nos llama especialmente la atención que, año tras año, no solo no se rebajen las cuotas, sino que sigan subiendo a pesar del enorme esfuerzo que supone para las familias. Y todo ello con la pasividad de las administraciones, que siguen sin hacer nada para evitar que los colegios que reciben dinero público se sigan lucrando a costa de las familias. Hablamos de colegios en los que prima el negocio por encima del proyecto educativo, y eso va en perjuicio de la educación y del propio alumnado”.
La vicepresidenta de CEAPA insiste en que les “preocupan en especial aquellas familias que, matriculando a sus hijos o hijas en la concertada por criterio de proximidad, se ven obligadas a pagar unas cuotas elevadas, por complementos, actividades complementarias, en horario escolar o por seguros escolares. La administración no debe dejar desprotegidas a esas familias”.
Para la directora general de CICAE, Elena Cid, es inadmisible que las Administraciones Públicas “permitan el incumplimiento normativo y no pongan freno a estas prácticas, conocidas por toda la sociedad. En un sistema sostenido con fondos públicos, algunos centros hacen un uso abusivo e ilegal de las cuotas, siendo muy poco transparentes con las familias y actuando como “privados low cost”. A la directiva le resulta grave “cómo el sistema de conciertos se está desvirtuando, pues cuando se crearon nunca se pensó en que fueran entidades mercantiles lucrativas, tienen todos los gastos de funcionamiento cubiertos por la administración y en ocasiones exigen donaciones, aportaciones voluntarias, pago por actividades complementarias o complementos formativos, cuando la realidad es que las familias están soportando un copago por enseñanzas obligatorias”.
Elena Cid ha realizado un llamamiento a las Administraciones Públicas para que garanticen el cumplimiento normativo, “se está produciendo una competencia desleal para la escuela pública, la concertada tradicional que cumple con su compromiso de gratuidad y para los colegios privados”. Para ello, cree que el primer paso es que “no se autorice a los colegios a cobrar cuotas, que rindan cuentas, ya que reciben importantes subvenciones, y que su sistema de financiación sea transparente para toda la sociedad”.
